Violación y violencia sexual contra las mujeres mayas y xinkas: crimen de Estado

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Por: Francisca Gómez Grijalva[1].

En Guatemala, históricamente se han invisibilizado y silenciado la violación y la violencia sexual contra la mujeres. Esa violencia patriarcal racista, sexista y clasista que se ha practicado y se practica con impunidad contra las mujeres y niñas, pero afecta más a las mujeres y niñas mayas y xinkas. Tal como analiza la científica social Carmen Reina:

“cuando se habla de la violencia sexual y sobre los cuerpos [yo agrego de las mujeres mayas] es un continuum histórico, en Guatemala no se hace únicamente referencia a lo sucedido durante los 36 años que duró la guerra interna. Vale recordar que la violación de mujeres indígenas durante la colonia fue un proceso permanente de violencia, sometimiento y dominio y, fue de hecho, el origen del mestizaje[1].”

Por lo que las brutales violaciones sexuales cometidas por los invasores españoles contra las mujeres mayas y xinkas son constitutivas del Pueblo Ladino/mestizo guatemalteco. Por esa razón, sostengo que los Pueblos Maya, Ladino/mestizo, Xinka y Garífuna somos pueblos hermanos, compartimos en nuestras memorias colectivas historias de dolor y heridas coloniales que aún no cicatrizan.

La racialización y la sexualización de la violación y violencia sexual fueron dispositivos de dominación que los invasores utilizaron para segregar y jerarquizar la sociedad colonial. Fue así de agresiva esa política que hizo posible el afincamiento y legitimación del racismo, el sexismo y el clasismo estructural que configuró a nivel social, político, económico y jurídico el ejercicio desigual del poder entre hombres y mujeres en los espacios públicos y en el espacio privado.

La violencia sexual hacia las mujeres mayas se recrudeció de manera espantosa y perversa durante el conflicto armado interno en Guatemala ocurrido entre 1960-1996. En ese periodo sangriento, oscuro e impune de la historia guatemalteca la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, registró testimonios que muestran cómo el Estado guatemalteco a través del Ejército, recurrió a la violación sexual contra las mujeres mayas como arma de guerra para someter al Pueblo Maya.

La CEH pudo determinar que la violación sexual formó parte de una política contrainsurgente y como tal, fue una práctica generalizada, sistemática y masiva que respondió a una planificación y órdenes explícitas de los mandos superiores del Ejército y cometida por agentes del Estado guatemalteco con total impunidad: Ejército, Policía Nacional (PN), grupos paramilitares, entre otros. Esa política contrainsurgente llegó a constituirse en una verdadera arma de terror y vulneró gravemente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario[2].

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico pudo registrar 1,465 casos de violación sexual, gracias a las mujeres mayas sobrevivientes que se atrevieron a romper el silencio y compartieron su testimonio sobre el horror que vivieron a manos de los agentes del Estado de Guatemala durante el conflicto armado interno. De los testimonios registrados la CEH pudo determinar que el 88.7% de las víctimas de violación sexual son Maya K´iche´, Maya Q´anjob´al, Maya Mam, Maya Ixil, Maya Q´eqchi´, Maya Chuj y Maya Kaqchikel; el 10.3% son ladinas/mestizas y el 1% pertenecen a otros pueblos. En relación a la edad de las víctimas identificadas el 62% tenían entre 18 y 60 años, el 35% eran niñas cuyas edades oscilaban entre 0 y 17 años y el 3% eran adultas mayores.[3]

El mayor porcentaje de violaciones sexuales se concentran durante los años de 1980-1983. El periodo en que más violaciones sexuales se cometieron contra las mujeres mayas fue en el segundo semestre de 1982, cuando el Estado de Guatemala fue gobernado por el jefe de facto y general golpista José Efraín Ríos Montt. Si bien, la violencia sexual se mantuvo como práctica hasta el año de 1984. [4]

En muchos casos la violencia sexual, la tortura, tratos degradantes precedieron a las atroces masacres que se cometieron contra más de 626 comunidades mayas, y coincide con la Política de Tierra Arrasada que, en porcentajes afectó a los departamentos con mayoría de población maya. Las violaciones sexuales que fueron registradas por la CEH el 55% se cometieron en el departamento del Quiché, el 25% en Huehuetenango, el 7% en Alta Verapaz y el 3% en Chimaltenango y Baja Verapaz.[5]

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El hecho que la violación sexual afectó con mayor crueldad y dimensión a las mujeres mayas, devela nuevamente cómo el Estado de Guatemala recurrió a la política de la sexualización y racialización de la integridad física, la vida y la dignidad de las mujeres mayas. Las investigaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, documentaron cómo de marzo 1982 a agosto de 1983, el gobierno de facto del entonces general José Efraín Ríos Montt, intensificó la Política de Tierra Arrasada que incluyó torturas, violaciones sexuales masivas, esclavitud sexual y doméstica, tratos crueles y degradantes, ejecuciones, masacres, militarización de las comunidades, destierro, así como secuestros y desapariciones forzadas.

Al conceptualizar al Pueblo Maya como “enemigo interno”, dentro de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), se torturó física y psicológicamente a la población civil mayas desarmadas para instaurar terror y perturbación emocional para dar lecciones supuestamente “ejemplizantes”. Pero el fin último de ese plan, era el exterminio de las comunidades mayas contra quienes se puso en marcha la política de Tierra Arrasada, una política de muerte y destrucción humana. En tal sentido, difícilmente se puede negar que el Estado guatemalteco institucionalizara la violencia de género, la violencia racista y el clasismo contra las mujeres mayas y sus pueblos.

Como ha ocurrido en otros conflictos armados a nivel internacional, lo perversamente cruel de la DSN, es la forma en que el Estado guatemalteco a través del Ejército, la Policía Nacional, las patrullas de autodefensa civil (PAC), comisionados militares recurrió a la violación y violencia sexual como arma de guerra que afectó más a las mujeres mayas. Como analizaron las científicas sociales Amandine Fulchirone,, Olga Alicia Paz y Angélica López: “En el marco de la política contrainsurgente, las mujeres, mayoritariamente mayas, fueron víctimas de la violación y otras formas de violencia sexual por parte de agentes del Estado, de manera generalizada y sistemática.”[6]

En la investigación que realizaron con 54 mujeres maya Kaqchikel, Chuj, Mam y Q´eqchi´, sobrevivientes del conflicto armado interno, todas rurales y campesinas, argumentaron que “[e]n el contexto de la guerra el racismo adquirió su máxima expresión, llegando a constituirse en genocidio”.[7]

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Esta investigación y los informes de la CEH, (1999) y del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI, 1998), aportan valiosos análisis sobre la extrema crueldad en que fueron cometidas la violación y violencia sexual contra las mujeres mayas durante el conflicto armado interno. Antes de cometer las masacres, las mujeres fueron torturadas, violadas y sufrieron vejámenes sexuales a manos de agentes del Estado de Guatemala. También hubo muchos casos en que cuerpos mutilados y desnudos de mujeres mayas fueron abandonados en espacios públicos de las comunidades: caminos, montículos, entre otros.

Con esos niveles de barbarie humana, sin duda, la Política de Tierra Arrasada fue una estrategia de exterminio humano extremadamente cruel. Por ende, es imposible negar que el Estado guatemalteco institucionalizara una política militarista, racista, sexista y clasista contra las mujeres mayas y sus pueblos.

A pesar que el 29 de diciembre de 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz, el conflicto armado interno dejó más de 200,000 personas fallecidas y aproximadamente 45,000 personas desaparecidas. Se estima que hubo un millón de personas desplazadas internas; asimismo 200,000 se organizaron en comunidades de población en resistencia (CPR) en las montañas guatemaltecas y aproximadamente 400,000 personas se exiliaron en México, Belice, Honduras, Costa Rica y Estados Unidos.[8]

Después de la firma de los Acuerdos de Paz, las y los sobrevivientes y testigos mayas, empezaron a recorrer los difíciles caminos para buscar justicia por las graves violaciones a sus derechos humanos que padecieron a manos del Estado guatemalteco a través del Ejército, durante los más de 36 años de conflicto armado interno.

En el año 2001, la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), con el acompañamiento del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), interpuso una denuncia legal contra el general golpista José Efraín Ríos Montt y su alto mando militar, por los delitos de genocidio y delitos contra las deberes de la humanidad, cometidos contra el Pueblo Maya Ixil cuando fue presidente de facto del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983.[9]

El acompañamiento que han brindado el Bufete Jurídico de Derechos Humanos, AJR, CALDH y otras organizaciones de derechos humanos a las y los sobrevivientes del Pueblo Maya Ixil ha sido fundamental para el fortalecimiento de su lucha por la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación digna e integral.

A pesar del litigio malicioso por parte de los abogados defensores de los militares José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez que se empeñaron en poner obstáculos legales para que el juicio no avance. Por fin, el 19 de marzo de 2013, se inició el primer debate oral y público en contra de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, acusados por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.

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El 2 de abril de 2013, diez mujeres Maya Ixil narraron ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, los horrores que vivieron a manos de agentes del Estado de Guatemala. Es de reconocer la fuerza y el espíritu inquebrantable de estas valientes sobrevivientes que:

“tuvieron la valentía de sentarse frente a quienes las deshumanizaron e intentaron exterminar (…) sus cuerpos y sus vivencia, consiguiendo explicar con sus palabras, al Tribunal y al mundo entero, el horror, relatando las más extremas formas de crueldad a las que fueron sometidas durante el conflicto”[10].

El 10 de mayo de 2013, el militar retirado José Efraín Ríos Montt, fue condenado a 80 años de prisión: 50 por genocidio y 30 por los delitos contra los deberes de la humanidad. Esta sentencia histórica que fue dictada por el Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por las juezas Yassmín Barrios Aguilar, Patricia Bustamante García y el Juez Pablo Xitumul de Paz, fue anulada el 20 de mayo del mismo año por la Corte de Constitucionalidad. Este dictamen deja el claro mensaje que en Guatemala no hay independencia judicial.

Sin embargo, vale la pena señalar que esta decisión no fue unánime, pues tres magistrados votaron a favor de la anulación de la condena y dos estuvieron en contra. La magistrada Gloria Porras y el magistrado Mauro Chacón, apoyaron la sentencia histórica emitida por el Tribunal A de Mayor Riesgo y razonaron su voto contra ese absurdo fallo. Esto muestra que en Guatemala hay profesionales del derecho que aplican la justicia de manera imparcial tal como se establece en la Constitución Política de Guatemala.

Sin embargo, como argumentó la abogada Paloma Soria Montañez, “el proceso que condujo al procesamiento y la condena de Ríos Montt en Guatemala se ha convertido en un referente internacional que merece ser analizado. La sentencia a pesar de haber sido revocada por un tribunal superior, constituye la primera vez que se condena a un ex jefe de Estado por crímenes de naturaleza sexual y de violencia de género, [yo agrego violencia racista] ocurridos bajo su mandato, tales como genocidio y crímenes de guerra.[11]

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[1] Reina, Carmen. El caso Sepur Zarco. La búsqueda de la verdad y la justicia por violencia y esclavitud sexual contra mujeres indígenas durante la guerra interna. Pág. 40. En: Memoria y Verdad: territorios en disputa. El Observador. Análisis alternativo sobre política y economía. Año 10, Nos. 45-47. Diciembre 2014 – febrero 2015.

[2] Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Guatemala Memoria del Silencio. Capítulo II: Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia. Tomo III. 1999. Pág. 13-49.

[3] Ibíd. Pág. 23

[4] Ibíd. Pág. 24

[5] Ibíd. Pág. 24

[6] Fulchirone, Amandine et al. Tejidos que lleva el alma. Memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado interno. Pág. 141. Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG). Guatemala, noviembre de 2009. Primera edición.

[7] Ibíd, 148.

[8] Ibíd.

[9] Boletín 1. Primer Juicio por genocidio en Guatemala, un largo camino recorrido. Versión PDF, 14 de marzo de 2013.

[10] Soria Montañez, Paloma. Estrategias para la búsqueda de justicia por crímenes internacionales de género: el caso Ríos Montt. Pág. 85. En: Anuario de derechos humanos, ISSN 0718-2058. No. 10, 2014. Pp. 81-90.

 

[11] Ibíd. Pág. 82.

 

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One comment

  1. Qué débiles y poca cosa que fueron esos verdugos y sus instigadores, que recurrieron a procedimientos que se pensaban terminados con el fin de otro y otros sádicos profesionales. Quedó demostrada la infamia que los cubrirá siempre, así pasen todos los años, en la sentencia que los condenó, y que luego anularon, esta última no importa, porque la situación se conoce. Cuando Pinochet iba a ser juzgado en Londres, por única vez, no faltaron los cobardes chilenos que lo impidieron; y sus nombres tampoco serán olvidados. Por todo lo que ocurrió en Guatemala y Chile: Ni perdón, ni olvido, nunca.

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